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Pobladores de la comunidad zapoteca de Magdalena Ocotlán, ubicada al sur de la ciudad de Oaxaca protestaron el 28 de junio de 2019 ante la visita exprés del presidente de la República Andrés Manuel López Obrador al estado. Autoridades municipales y agrarias hicieron una petición al presidente para que cancele las concesiones del valle de Ocotlán (46 en total que abarcan una superficie de 77,533 hectáreas).

Los reclamos fueron de pobladores ante el derrame del pasado 8 de octubre del 2018 y la nula respuesta de las instancias federales. Con consignas de ¡Fuera la minera! y ¡Minera asesina! el presidente recibió la petición y se comprometió con enviar a grupo a realizar una visita y abrir una investigación de los hechos denunciados.

La comunidad que se encuentra a sólo unos metros de las instalaciones de la mina de San José del Progreso, propiedad de la empresa canadiense Fortuna Silver Mines, ha sido la principal afectada por este proyecto minero.

El 6 de mayo del año 2009, durante el operativo policiaco-militar para desalojar pobladores que tenían tomada la entrada de la mina vieja, donde actualmente se encuentra el complejo minero San José, la comunidad de Magdalena fue agredida y reprimida por las fuerzas policiacas llegando a cateos, detenciones arbitrarias y varias decenas de personas lesionadas hasta dejar la comunidad en estado de sitio por varios días.

En esta década el hostigamiento no ha cesado, la empresa tiene interés de ampliar su proyecto que abarca casi la totalidad del territorio de Magdalena.

Pero a finales del año pasado, la noche del 7 y la madrugada del 8 de octubre durante una de las últimas lluvias del temporal se derramó la presa de jales sólidos arrastrando lodos por todo el cauce del arroyo coyote que desemboca al pie del pozo de agua potable de Magdalena.

Hasta el día de hoy no ha habido respuesta ni una explicación de ninguna autoridad federal hacia la comunidad, dígase Conagua, Profepa o Semarnat. Ha sido la empresa minera que a través de comunicados ha dicho que no hubo contaminación.

En estudios independientes de calidad del agua realizados unos días después del derrame, de los cuales tenemos copia, se encontró presencia de aluminio, fierro y manganeso en cantidades superiores a la norma hasta en un 1,000% esto a consideración de expertos consultados afirman que el agua ya no es apta para uso humano.

La comunidad vive en la incertidumbre desde ese día. La Profepa exoneró a la empresa minera Fortuna Silver y con una ridícula multa de 800 mil pesos le permitió seguir con sus labores, que nunca pararon. La comunidad se encuentra en el abandonó y con el temor que la contaminación pueda ocasionar un daño más grave a la salud y al medio ambiente.

Leer la denuncia aquí

Fuente: Kantolibre

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