Desde 2009, la empresa minera Cuzcatlán, filial de Fortuna Silver Mines se impuso con violencia en la comunidad de San José del Progreso, Oaxaca. En este proceso la comunidad sufrió un desalojo operado por la policía estatal y federal, deteniendo a ciudadanas y ciudadanos inconformes con el proyecto minero.
También, fueron asesinados dos defensores del territorio, Bernardo Méndez y Bernardo Vásquez (2012) y un sinfín de personas fueron heridas por armas de fuego (2012-2014).
La empresa minera pretendió impulsar una consulta ilegal en la comunidad de Magdalena Ocotlán para aceptar trabajos de exploración y expansión del proyecto (2017). De igual forma, en 2018 se documentó el derrame de la presa de jales sobre el cauce principal del río El Coyote, afectando a las comunidades de Magdalena Ocotlán, San Matías Chilazoa y Monte del Toro en su derecho humano al agua.
Por su parte los gobiernos estatal y federal hicieron caso omiso ante las denuncias presentadas; lejos de reconocer los derechos de los pueblos y comunidades indígenas y sus determinaciones en los Valles Centrales, se hicieron cómplices de éstos crímenes, para favorecer intereses particulares de una empresa extranjera.
Durante los últimos tres años (2019-2021), la empresa ha pretendido aprobar 10 años más de explotación comercial, después de construir 75 obras irregulares de las 81 obras que compone el proyecto minero, desacatando la legislación vigente y la determinación de las comunidades que mantienen una defensa legal, legítima y pacífica contra el proyecto.
La Asamblea Oaxaqueña en Defensa de la Tierra y el Territorio tiene conocimiento de que el gobierno de la Cuarta Transformación, pese a las violaciones, afectaciones y desacatos a la legislación vigente, permitió diez años más de explotación comercial de plata y oro en los Valles Centrales, denunciamos que dicha aprobación se realizó sin retomar ningún criterio técnico, social y ambiental, por lo que el gobierno federal, como en anteriores ocasiones se ha vuelto cómplice de dicho proyecto. En este sentido, la Asamblea expresa lo siguiente:
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Nos solidarizarmos con las comunidades que integran Frente No a la Minería por un Futuro de Todas y Todos, quienes mantienen una defensa legítima del territorio y sus derechos desde 2009.
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Exigimos a la SEMARNAT, negar las autorizaciones solicitadas por compañía minera Cuzcatlán y respetar las actas de territorio prohibido para la minería de las comunidades de Valles Centrales.
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Responsabilizamos al gobierno federal por cualquier agresión física, psicológica que puedan sufrir defensoras y defensores de los Valles Centrales e integrantes del Frente No a la Minería por un Futuro de Todas y Todos.
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Exigimos al gobierno federal la cancelación del proyecto minero San José, por generar graves violaciones a los derechos territoriales de las comunidades de Valles Centrales, principalmente el derecho a la libre determinación, territorio y medio ambiente sano.
Oaxaca, Oaxaca; miércoles 02 de marzo de 2022.
¡No es Desarrollo, es Despojo!
Asamblea Oaxaqueña en Defensa de la Tierra y el Territorio
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